Ricardo Moreno rompe el silencio sobre su renuncia y defiende su labor como abogado en el caso Agostina Vega

Ricardo Moreno, exconcejal y abogado penalista, ha decidido hablar públicamente sobre los motivos detrás de su renuncia después del crimen de Agostina Vega. En una entrevista televisiva, Moreno explicó que su decisión de dejar el cargo en el Concejo Deliberante se debió a una campaña de desprestigio en su contra, orientada a desgastar la imagen de la gestión provincial y municipal de cara a 2027.

Moreno, con más de cuatro décadas de experiencia en el derecho penal, defendió su labor profesional y la asistencia técnica brindada a Claudio Barrelier, imputado por el homicidio de Agostina Vega. Afirmó que la actividad de los clientes no debe confundirse con la función constitucional que ejercen los defensores técnicos, y recordó que su estudio representa a 14 gremios y cuatro terminales automotrices, contando con el respaldo público del Colegio de Abogados.

El proceso legal y la fianza

El letrado explicó que conoció a Barrelier hace cuatro años, cuando el joven solicitó orientación laboral a través de un secretario general de Buenos Aires. Moreno lo derivó al programa de servidores urbanos de la Municipalidad de Córdoba, tras verificar que presentaba certificado de buena conducta. El año pasado, la familia de Barrelier solicitó los servicios del bufete de Moreno ante una detención previa, imputado por privación ilegítima de la libertad de una joven. La solicitud de libertad otorgada por el fiscal se fundamentó en la ausencia de peligrosidad procesal y la carencia de antecedentes penales del imputado hasta ese momento.

Barrelier accedió a la libertad tras fijarse una fianza de 5 millones de pesos, que no consistió en dinero en efectivo, sino en una garantía respaldada mediante la firma profesional a través de unidades de valor conocidas como JUS. El imputado cumplió mensualmente con pautas obligatorias, que incluyeron un tratamiento psicológico ambulatorio y la prohibición de acercarse a la víctima.

Denuncia de extorsión económica

Moreno denunció haber sido víctima de una exigencia ilegal de dinero por parte de un comunicador local, quien lo relacionó con el narcotráfico. El abogado afirmó que el mismo periodista le pidió 10.000 dólares a cambio de no seguir hablando mal de él. Moreno considera que el tratamiento del caso se ha utilizado con intencionalidad política para dañar la imagen del Gobernador y del Intendente de Córdoba.

El exconcejal también desmintió tener vinculaciones comerciales con el boliche Wachitas y rechazó las acusaciones que señalaban a su hija como empleada estatal sin prestación de servicios. Reconoció la veracidad de un audio difundido donde mencionaba que el caso le daría notoriedad a su estudio jurídico, pero aclaró que la grabación correspondió a una conversación privada obtenida de manera ilegal antes del hallazgo del cuerpo de la víctima.

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