La tragedia de la familia Dickason: un caso que cuestiona los límites de la enfermedad mental

La noche del 16 de septiembre de 2021, la vida de la familia Dickason cambió para siempre. Graham Dickason regresó a su casa en Timaru, Nueva Zelanda, y encontró a su esposa, Lauren, en la cocina, con una expresión que jamás le había visto. Lo que descubrió al correr hacia las habitaciones de sus hijas fue algo que conmocionó a toda Nueva Zelanda. Lauren, una madre médica sin antecedentes penales, había asfixiado a sus tres hijas, Liane, Karla y Maya, semanas después de que la familia emigrara desde Sudáfrica.

La respuesta de la policía no tardó en llegar

La investigación reveló que el derrumbe de Lauren no fue repentino. Sus problemas de salud mental se remontaban a la adolescencia, marcados por ansiedad, depresión y perfeccionismo. Tras la muerte de su primera hija, Sarah, su cuadro se agravó. Como médica, se recetaba sus propios antidepresivos, práctica legal en Sudáfrica.

Después del nacimiento de Liane, la depresión afectó su capacidad de criar. En mensajes de texto a amigas, Lauren hizo referencias a estrangular a su hija y expresó miedo de golpearla con demasiada fuerza. Su estado mejoró por un tiempo, pero con la llegada de las mellizas volvió a deteriorarse. En dos ocasiones le dijo a Graham que podría “hacerle algo” a las niñas.

La lógica distorsionada por la enfermedad

La defensa de Lauren planteó una estrategia basada en la locura y el infanticidio. La fiscalía argumentó que, por debajo de los genuinos problemas de salud mental de Lauren, existía resentimiento hacia sus hijas, a quienes veía como un obstáculo para su matrimonio. El debate más tenso se produjo entre los expertos psiquiátricos, quienes concluyeron que Lauren estaba en estado psicótico y delirante al momento de los hechos, que actuó motivada por amor y no por malicia, y que cumplía los criterios legales de insanidad.

La sentencia de 18 años de prisión para Lauren Dickason generó un debate sobre los límites entre la culpa penal y la enfermedad mental. La audiencia de apelación, prevista para febrero del próximo año en Wellington, determinará si el veredicto de asesinato se sostiene o si el caso regresa al debate sobre los límites entre la culpa penal y la enfermedad mental.

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