Nuevo reglamento obliga a becarios de Promotores Sociales a presentar antecedentes y declararse libres de otros empleos

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, a través de la Resolución N° 3548 firmada por el ministro Marcos Torres Lima el 11 de septiembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial, impuso exigencias de permanencia para los beneficiarios del Programa de Becas «Promotores Sociales». La medida reemplaza los antiguos requisitos del programa de «Promoción del Hábitat, Empleo y Políticas de Género» y busca garantizar la idoneidad y la disponibilidad de los becarios.

Plazo de 30 días y documentación obligatoria

Los actuales becarios disponen de un plazo de treinta días hábiles para entregar a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio los certificados que la norma considera indispensables. Entre ellos, el certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba; si el documento tiene más de seis meses, será necesario actualizarlo mediante el Registro Nacional de Reincidencia. También se exige el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la constancia de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La falta de presentación dentro del término establecido conllevará la cancelación automática de la beca.

Declaración jurada y comunicación de cambios

Además de los certificados, cada participante deberá firmar una declaración jurada en la que manifieste que no mantiene otra relación laboral, sea pública o privada, salvo la actividad docente. La normativa obliga a notificar de forma inmediata cualquier variación en la situación laboral que pudiera generar incompatibilidad con el beneficio, así como cualquier imputación, acusación o participación en procesos penales o contravencionales.

Contexto del programa y su evolución

El Programa de Becas «Promotores Sociales» surgió como una reconversión del antiguo esquema de «Promoción del Hábitat, Empleo y Políticas de Género», cuyo objetivo era impulsar la inserción laboral de jóvenes y adultos en situaciones vulnerables, a la vez que se fortalecían iniciativas de desarrollo comunitario. Desde su puesta en marcha, la modalidad ha beneficiado a más de 3 000 personas en la provincia, facilitando la realización de cursos, pasantías y actividades de intervención social en barrios de alta necesidad.

Sin embargo, en los últimos años se registraron casos aislados de beneficiarios que mantenían empleos simultáneos o presentaban antecedentes penales que no habían sido declarados. Ante esa realidad, el gobierno provincial decidió endurecer los criterios de control, alineándolos con las prácticas de otros programas de asistencia social a nivel nacional.

Repercusiones para los becarios y la comunidad

Para los becarios, la nueva normativa implica una carga administrativa adicional, pero también una mayor claridad sobre los compromisos que deben asumir para conservar la ayuda. Las organizaciones sociales de la zona han manifestado su disposición a acompañar a los participantes en la gestión de los certificados, subrayando que la medida busca proteger la integridad del programa y evitar que recursos públicos se destinen a personas con antecedentes incompatibles.

En el plano institucional, la medida refuerza la política de transparencia y control interno del Ministerio de Desarrollo Social, que pretende consolidar la confianza de la ciudadanía en los fondos destinados a la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida en los barrios cordobeses.

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