El cerebro del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: viajes a Bolivia, lazos con Marset y la caza de pruebas
El juicio reveló viajes clandestinos a Bolivia, la coordinación con el ex policía Jorge Garaza y el intento de eliminar cualquier rastro del ataque.
En la madrugada del 28 de septiembre de 2025, unos individuos vestidos de negro, con capucha y guantes, irrumpieron en la vivienda de la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero. Treparon por los techos, dispararon tres veces y lanzaron una granada que detonó en el patio, dejando a la fiscal con una herida de apenas quince centímetros que, según su propio testimonio, la salvó de la muerte.
El ataque y la reacción del Estado
El presidente uruguayo Yamandú Orsi, en la mañana del mismo domingo, mantuvo una conversación telefónica con su predecesor Luis Lacalle Pou. Ambos coincidieron en condenar el atentado y subrayaron la gravedad del hecho para la democracia uruguaya. Desde entonces, la investigación giró en torno a la posible participación del narcotraficante Sebastián Marset, quien hasta ese momento se encontraba prófugo.
El autor intelectual: Daniel Alejandro Garaza
Tras casi un año de averiguaciones, el tribunal confirmó la culpabilidad de Daniel Alejandro Garaza, sentenciándolo a siete años y tres meses de prisión por asociación delictiva, atentado agravado y estrago agravado. El diario El País lo describió como el ideólogo del ataque, quien, junto a su padre Jorge Garaza, ex‑policía con antecedentes penales, diseñó la operación.
Vínculos familiares y la sombra de Marset
Jorge Garaza había sido condenado previamente por mantener contactos con Sebastián Marset, el capo del narcotráfico que fue capturado en Bolivia en marzo y que ahora enfrenta cargos de lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos. La colaboración entre padre e hijo reveló una red de contactos que cruzaba fronteras y que alimentó la logística del atentado.
Los viajes clandestinos a Bolivia
Los registros judiciales indican que Garaza realizó dos viajes a Bolivia antes del ataque. El primero, en febrero de 2025, partió desde Brasil acompañado de Adrián Arrigoni, otro reclutador ya condenado. En esa ocasión, Garaza habría evadido los controles migratorios uruguayos, según informó El País.
Un segundo desplazamiento tuvo lugar pocas semanas antes del 28 de septiembre. Garaza se instaló en Santa Cruz de la Sierra, la misma ciudad donde fue detenido Marset, y gestionó una residencia temporal de dos años. Regresó a Uruguay el 25 de septiembre, tres días antes del atentado, tomando vuelos a São Paulo y luego a Pelotas, para finalmente cruzar la frontera de forma clandestina, donde su padre lo recibió.
Logística del ataque y la huida
Leonardo Washigton Pereira, condenado también la semana pasada, colaboró en la logística del atentado. Esperó fuera de la casa de Ferrero para facilitar la fuga y fue sentenciado a ocho años por asociación delictiva, receptación agravada y coautoría de atentado, estrago e incendio. Las investigaciones lo ubicaron a las 04:18 manejando un Volkswagen Bora que, junto a una camioneta Great Wall, se usó para escapar del escenario.
El intento de borrar pruebas
Tras el atentado, Garaza se encargó de la destrucción de evidencias. La sentencia señala que planificó la eliminación de huellas y, de ser necesario, contempló asesinar a uno de los autores materiales para evitar que los vinculase al crimen. En una conversación con Arrigoni, escuchó la frase: “¿Decís que hay huellas peluca? Hay que picarlos, entonces”.
Un caso que sacude la política uruguaya
Con seis condenados hasta la fecha, el caso sigue alimentando la discusión sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la influencia del narcotráfico en la región. La investigación dejó al descubierto una trama que cruzó fronteras, utilizó recursos de un ex‑policía y buscó borrar cualquier rastro del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero.
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