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EE.UU. captura en Venezuela a Aníbal Canelón Aguirre, el «Ingeniero» buscado por el FBI

El FBI completa su lista de los diez más buscados al detener al "Ingeniero" en Venezuela.

EE.UU. captura en Venezuela a Aníbal Canelón Aguirre, el «Ingeniero» buscado por el FBI

El FBI anunció este martes la captura en territorio venezolano de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia. El venezolano, que llevaba años prófugo, será trasladado a Estados Unidos para responder ante la justicia federal por una serie de delitos vinculados a la ciberdelincuencia y al financiamiento del grupo armado conocido como Tren de Aragua.

El operativo que llevó a la detención

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la captura durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de EE.UU. Patel precisó que la detención se produjo el pasado fin de semana en Venezuela y corrigió al senador Chuck Grassley, quien había afirmado que la agencia había localizado a nueve de los diez fugitivos de la lista de máxima prioridad. “Estoy orgulloso de anunciar hoy, y odio tener que corregirlo, que no hemos capturado a nueve de los diez individuos más buscados de nuestra lista. Hemos capturado a diez”, declaró Patel.

Según el propio FBI, Canelón Aguirre había sido incluido el 12 de marzo de 2026 en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, marcando la primera vez que un ciberdelincuente figuraba en esa nómina desde su creación. La orden de arresto federal, emitida el 9 de diciembre de 2025 por un tribunal del Distrito de Nebraska, ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su aprehensión.

Cómo operaba la red de «ATM jackpotting»

Las investigaciones federales señalan que Canelón Aguirre encabezaba una estructura internacional que enviaba operadores a Estados Unidos para ejecutar ataques de “ATM jackpotting”. La técnica consiste en infiltrar software malicioso en los cajeros automáticos, provocando la entrega de grandes sumas de efectivo sin que exista una transacción autorizada. La operación habría comenzado, al menos, en enero de 2024 y se extendió a varios estados, donde los delincuentes retiraban millones de dólares.

Una vez sustraído el efectivo, la red recurría a complejos esquemas de lavado de dinero para ocultar el origen de los fondos. La Fiscalía de Nebraska acusó en diciembre de 2025 a 54 personas por su presunta participación en la conspiración, cifra que se elevó a 87 en enero de 2026. Entre los condenados, dos venezolanos recibieron 78 meses de prisión por su rol en el uso de software malicioso contra cajeros.

Vínculos con el Tren de Aragua y cargos de terrorismo

La investigación estadounidense reveló que parte de los recursos obtenidos mediante el “jackpotting” se destinaba a financiar al Tren de Aragua, una organización criminal que en febrero de 2025 fue designada como entidad terrorista extranjera por el Departamento de Estado. Los fondos permitieron al grupo ampliar sus actividades a varios países de América Latina y a territorio estadounidense.

Canelón Aguirre enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, daños intencionales contra sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y, adicionalmente, por proporcionar apoyo material a terroristas. La orden de arresto lo calificó como peligroso y subrayó la gravedad de los delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.

Repercusiones para la lista de los diez más buscados

Con la detención de Canelón Aguirre, el FBI completó la captura de los diez fugitivos más buscados durante la actual administración presidencial, un hecho que el propio director describió como “algo que nadie en la historia del FBI ha logrado”. Además, la agencia informó que ha detenido a más del doble de los fugitivos incluidos en esa lista durante el mandato anterior, señalando un notable incremento en la efectividad de sus operativos internacionales.

El caso también pone de relieve la creciente intersección entre la ciberdelincuencia financiera y el financiamiento de organizaciones terroristas, un escenario que obliga a las autoridades a reforzar la cooperación transfronteriza y a afinar los mecanismos de rastreo de fondos ilícitos.

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