Bolivia, nuevo punto de encuentro de carteles internacionales, advierte la ONU

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una advertencia clara: Bolivia ya no es solo un productor de hoja de coca y una ruta de tránsito, sino que se ha convertido en un centro de operaciones para organizaciones criminales de México, Brasil, Perú y Colombia. La funcionaria boliviana Mónica Mendoza, responsable de la UNODC en el país, explicó a EFE que la dinámica del narcotráfico se ha entrelazado con contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal, formando lo que describió como un «holding» criminal.

Presencia de carteles extranjeros y su alianza con grupos locales

Mendoza señaló la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, proveniente de México, y la incursión de las pandillas brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. Además, grupos vinculados a Perú y Colombia están operando en territorio boliviano con la complicidad de estructuras locales. «No hablamos de carteles bolivianos, sino de organizaciones de otros países que actúan con el consenso de actores locales», afirmó la representante de la UNODC.

Violencia y disputa por territorios fronterizos

El aumento de asesinatos por encargo, especialmente en la zona limítrofe con Brasil, ha llevado al gobierno a desplegar al Ejército y a unidades de élite para reforzar la seguridad. Según Mendoza, los enfrentamientos entre estos grupos buscan el control de rutas de tránsito y de zonas de producción, generando una guerra de territorios que se refleja en una escalada de homicidios y secuestros.

Cultivo de coca en aumento y su vínculo con el crimen transnacional

El último informe de la UNODC indica que la superficie cultivada de coca subió un 7 % entre 2024 y 2025, pasando de 34.000 a 36.400 hectáreas. Bolivia quedó en el tercer puesto mundial, detrás de Colombia y Perú. Si bien la hoja de coca conserva usos tradicionales, el crecimiento de los cultivos ocurre en un contexto donde las redes internacionales amplían sus operaciones, convirtiendo a los agricultores en piezas de una cadena criminal más amplia.

Respuesta institucional y desafíos pendientes

Durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, la autoridad oficial negó la presencia de carteles extranjeros, atribuyendo la violencia a clanes locales. Con la llegada del presidente Rodrigo Paz, la administración reconoció la infiltración de organizaciones transnacionales y destacó la detención en marzo del uruguayo Sebastián Marset, extraditado a EE. UU. como muestra de que el narcotráfico supera el nivel de “narcopaz” que había caracterizado a la zona.

La funcionaria de la ONU también advirtió sobre la infiltración de estos grupos en el sistema judicial, citando el caso del exfiscal general Roger Mariaca, destituido y encarcelado bajo sospecha de proteger al «narcoterrorismo». Mendoza insistió en que negar la presencia de la corrupción institucional facilita la expansión del crimen y complica la recuperación del Estado de derecho.

Para frenar la marea, la UNODC pide una respuesta integral que ataque las estructuras, el financiamiento y la capacidad operativa de los carteles. Entre las medidas recomendadas están la aprobación de normas contra el lavado de dinero, la extinción de dominio y un mayor número de sentencias judiciales vinculadas al narcotráfico.

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