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La ley de legalización del juego online en Córdoba sigue dando de qué hablar y sumando polémica tras polémica. La iniciativa de legisladores del PRO y la UCR (cuya estadía en sus respectivos partidos ya ha sido puesta en duda) ha resultado en el inicio de internas y cruces, los cuales llegaron a todos los ámbitos, tanto nacional como incluso a nivel ciudad.

En este último costado, la polémica se trasladó al Concejo Deliberante, donde los ediles del arco opositor se expresaron en contra de la flamante ley.

A propuesta de Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba), se presentó un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo anular la normativa en la capital cordobesa.

Con la única excepción de la Izquierda, los concejales radicales, vecinalistas, juecistas y del PRO firmaron el proyecto y lo presentaron ante el Concejo.

(También cabe destacar que si bien el FIT no firmó el proyecto, sí se posicionó en contra de la ley provincial)

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Un detalle de interés reside en que dos días después de que se aprobara la ley en la Legislatura, el Viceintendente Daniel Passerini aseveró que la nueva ley no modificaba el panorama en la ciudad, dado que en Córdoba ya existen ordenanzas previas que sancionan el juego en todas sus formas.

Estas son las ordenanzas 9.576 (1996), 10.840 (2005) y 11.684 (2019), todas relacionadas a los espectáculos públicos. El artículo 29 de la normativa más reciente (cuya redacción es similar a la de las otras dos ordenanzas ya derogadas) establece lo siguiente:

«[Se prohíbe] la instalación y explotación de los juegos denominados bingos, loterías, slot machine (…), así como cualquier tipo de juegos de azar, u otro que represente para el participante o terceros un premio susceptible de apreciación pecuniaria, cualquiera fuera su naturaleza.»

Texto de la Ordenanza 11.684, nuevo Código de Espectáculos Públicos (2019)

Por su parte, los concejales opositores remarcaron que la ley de legalización contiene una serie de grises en los que la autoridad de aplicación, la Lotería de Córdoba, no tendría forma alguna de fiscalizar.

Este nuevo proyecto de ordenanza busca frenar la ley por medio de estos «huecos» que se le han encontrado.