Denuncia contra Alejandra Monteoliva y comisario de la PFA: los detalles de la represión en el Congreso

La represión en las inmediaciones del Congreso ha generado una gran cantidad de críticas y denuncias. En este contexto, Gregorio Dalbón ha presentado una denuncia judicial contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna.

La denuncia se basa en la actuación de Gauna durante la represión del jueves en las inmediaciones del Congreso. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a Gauna efectuando disparos vestido de civil y sin una identificación visible. Esto ha generado un gran escándalo, ya que se considera que la presencia de agentes de civil y sin identificación durante el operativo es inaceptable.

La situación adquiere una particular relevancia por los antecedentes del comisario dentro de la fuerza. Gauna se desempeñó como jefe de la División Homicidios y tuvo intervención en la investigación y declaró en el juicio del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado en noviembre de 2021 por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Dalbón ha expresado su sorpresa y decepción por la actuación de Gauna, ya que considera que es un gran policía que declaró en el juicio de Lucas González y calificó el episodio como una situación aberrante. Sin embargo, ahora se ve involucrado en una situación de represión y violencia en las inmediaciones del Congreso.

La denuncia también se dirige contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien Dalbón considera responsable de los hechos que ocurrieron. Dalbón ha expresado que Monteoliva y el gobierno de Javier Milei van a reprimir para que la gente no salga a protestar por sus derechos.

La situación ha generado un gran debate y críticas en la sociedad argentina. Muchos consideran que la represión y la violencia son inaceptables y que se deben tomar medidas para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

En este contexto, es importante recordar que la libertad de expresión y el derecho a protestar son fundamentales en una sociedad democrática. Es importante que se tomen medidas para garantizar que estos derechos sean respetados y que se prevengan situaciones de represión y violencia.

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