Jueza porteña declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y desata polémica nacional
El fallo sobre un menor de 14 años reabre el debate sobre la ley 27.801 y la respuesta estatal a la ciberdelincuencia.
Jueza porteña declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y desata polémica nacional
El fallo sobre un menor de 14 años reabre el debate sobre la ley 27.801 y la respuesta estatal a la ciberdelincuencia.
El fallo que encendió la discusión
El pasado martes la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, anuló la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el caso de un chico de 14 años acusado de un delito menor. La magistrada sostuvo que someter a un menor a ese régimen es «regresivo» y «estigmatizante», argumentando que la normativa vulnera derechos constitucionales.
El veredicto se dio en medio de una audiencia que contó con la presencia de la víctima, Hernán, quien relató haber sido agredido mientras se dirigía al trabajo y haber escapado gracias a la intervención de un patrullero. Según su testimonio, los agresores se burlaban diciendo que la ley estaba suspendida, una frase que encendió los ánimos de la sala.
Repercusiones en la justicia provincial
La decisión de la jueza porteña no solo afecta a la Ciudad, sino que tuvo eco en la Provincia de Buenos Aires, donde la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había detenido la aplicación de la Ley 27.801 durante 60 días. Con esa revocación, el nuevo régimen vuelve a estar en vigor en la Provincia, generando incertidumbre entre fiscales, defensores y organizaciones de derechos humanos.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal no tardó en apelar el fallo de De Marinis, calificándolo de «peligroso» y advirtiendo que la postura de la magistrada podría abrir la puerta a la impunidad de menores que cometen delitos graves, especialmente en el ámbito de la ciberdelincuencia.
Política y reacciones del oficialismo
Desde la esfera política, la senadora Patricia Bullrich celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones, calificándola de «coherencia» y acusando a la jueza de ser «prodelincuente». El discurso de Bullrich resonó entre los sectores que apoyan una política de mano dura contra la criminalidad juvenil, mientras que organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia denunciaron una visión punitiva que ignora la necesidad de medidas preventivas y de reintegración.
En paralelo, el gobierno nacional impulsó la creación de programas específicos para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil y combatir la ciberdelincuencia, una medida que ha generado críticas por considerarse prematura sin antes resolver los vacíos constitucionales señalados por la jueza.
Contexto histórico y desafíos futuros
La Ley 27.801, sancionada en 2022, buscó modernizar la respuesta del Estado frente a los menores infractores, introduciendo medidas como la internación preventiva y la ampliación de sanciones para delitos cometidos en la red. Sin embargo, desde su promulgación se han registrado múltiples cuestionamientos judiciales que ponen en tela de juicio su constitucionalidad, sobre todo en lo que respecta al principio de protección integral del menor.
Expertos en derecho penal juvenil advierten que la verdadera solución pasa por combinar la normativa con políticas de prevención, educación digital y acompañamiento psicosocial. Mientras tanto, la ciudadanía cordobesa sigue atenta a cómo evoluciona la discusión en la Corte Suprema y qué impacto tendrá en la vida de los adolescentes de la región.
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