Detuvieron a los presidentes de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Especialistas de Córdoba
Fiscalía detuvo a los máximos dirigentes de los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería en medio de la investigación por fraude previsional.
Detenciones de los máximos dirigentes profesionales
Este miércoles la Fiscalía de Casos Complejos, bajo la dirección del fiscal Enrique Gavier, ejecutó cinco detenciones y nuevos allanamientos que alcanzaron a los presidentes del Colegio de Ingenieros Especialistas, Inti Manuel Smith, y del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Nicolás Luis Paulín, junto a Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Liliana Rosa Scaglia. Las detenciones se inscriben en la investigación penal por presuntas irregularidades en la administración de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de la provincia.
El esquema investigado
Según la hipótesis fiscal, el núcleo del supuesto fraude consistía en la subdeclaración de valores en obras de construcción. Al rebajar artificialmente el costo formal de los proyectos, se reducía proporcionalmente el monto de los aportes previsionales y las tasas que debían ingresarse a la Caja, mermando el patrimonio institucional. La práctica habría generado un perjuicio directo a los fondos jubilatorios de los profesionales de la construcción.
Procedimientos judiciales previos
La causa salió a la luz en el primer semestre del año tras la denuncia impulsada por el ingeniero Jorge Santecchia, directivo de la entidad, con el patrocinio del abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini. Meses antes, el 6 de agosto se realizaron allanamientos simultáneos en el sector sur de la ciudad y el juez de Control José Milton Peralta dictó la intervención judicial de la Caja, estableciendo un régimen de coadministración para garantizar la continuidad de la gestión.
Causas de la medida cautelar
Los cinco detenidos ya estaban formalmente imputados: Liliana Rosa Scaglia, vocal titular del directorio, como presunta coautora de defraudación por administración infiel, y el resto como partícipes necesarios. La fiscalía elevó la gravedad al constatar actos de entorpecimiento de la investigación y el incumplimiento de condiciones de libertad impuestas a algunos acusados, lo que incrementó el riesgo procesal y justificó la privación de la libertad para preservar pruebas.
Control de la Caja y garantías procesales
Paralelamente, la Fiscalía emitió resoluciones que fortalecen la intervención del interventor judicial, el contador Pablo Artino, prohibiendo a los colegios profesionales y al Consejo de Control de Gestión convocar asambleas que intenten modificar decisiones mientras dure la intervención. Se le otorgó acceso total a sedes, registros de obras, expedientes de honorarios y la facultad de entrevistar al personal administrativo. La autoridad recordó que las medidas no constituyen una condena definitiva y que deben respetarse las garantías constitucionales y el principio de inocencia.
El caso también rozó al ámbito político cuando el entonces secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta, se vio obligado a abandonar su cargo tras ser vinculado al proceso junto a otros directivos de la Caja, como Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki.
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