Tras varias semanas de incertidumbre, el Tribunal Supremo de Justicia finalmente decidió sobre el dictamen presentado por el fiscal general Juan Manuel Delgado, y lo consideró como improcedente.
De esta forma, la Ley 27.610, de Interrupción legítima del embarazo (IVE), continúa vigente en toda la provincia.
Durante las semanas anteriores, el fiscal había dado lugar al recurso de amparo presentado por Aurelio García Elorrio (en representación del Portal de Belén), donde se pedía declarar a la ley como inconstitucional. El dictamen de Delgado fue enviado al TSJ, el cual tuvo la potestad de resolver si daba lugar al pedido o no.
En un comunicado, el Alto Cuerpo manifestó que no tenía posibilidad alguna de suspender una Ley Nacional sin que ello generara interferencia con la división de poderes de la República Argentina:
«No se puede suspender la vigencia de una ley con alcances generales sin lesionar el principio de división de poderes, salvo que se advirtiera una ostensible inconstitucionalidad o vulneración evidente de derechos fundamentales.»
Resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba
Adicionalmente, el TSJ advirtió que esta clase de pedidos representan un peligro para el mismo sistema de gobierno que posee el país, aparte de remarcar que la institución «carece de atribuciones constitucionales» para realizar cambios o incluso dejar sin efecto cualquier ley aprobada en el ámbito del Congreso.