La ONG Foro Penal exige transparencia sobre el destino de presos trasladados desde El Helicoide

La situación de los presos políticos en Venezuela ha vuelto a tomar un giro preocupante. La ONG Foro Penal ha lanzado un llamado a las autoridades venezolanas para que informen con claridad y transparencia sobre el destino y la situación de los presos que fueron trasladados desde El Helicoide, en Caracas, hacia otros centros penitenciarios en el interior del país.

Este movimiento de presos ha generado una gran incertidumbre entre los familiares y defensores de derechos humanos, quienes denuncian que no han recibido notificación oficial sobre el paradero de sus seres queridos. La preocupación se ha intensificado luego de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó movimientos de detenidos sin confirmación pública de las autoridades.

Andreína Baduel, miembro del comité, relató en una entrevista con la agencia EFE que los movimientos de presos políticos comenzaron después de las seis de la tarde, y aunque no lograron identificar a las personas ni los destinos, observaron el inicio de los traslados desde una elevación cercana al centro. Baduel agregó que la respuesta del régimen es comenzar un traslado arbitrario, reiterar las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos y no dar respuestas oportunas a los familiares.

Por su parte, el Foro Penal sostiene que el deber legal y humanitario obliga a los funcionarios a informar de inmediato a familiares y abogados sobre la ubicación y condiciones de cada persona trasladada. La organización pidió transparencia sobre los movimientos realizados desde el principal centro de detención asociado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y detalló que los traslados incluyeron prisiones como El Rodeo y Yare, en el estado de Miranda; Tocuyito, en Carabobo; y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas, ambos en Miranda.

Un ejemplo de estos traslados es el caso del dirigente político y preso del Táchira Jackson Vera, quien fue enviado a La Planta, ubicada en Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó en enero el cierre de El Helicoide y propuso transformar el lugar en un centro social y deportivo, en medio de la discusión de una ley de amnistía para presos políticos que el Parlamento venezolano aprobó en febrero.

A pesar de este anuncio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que el centro siguió operativo y que al menos 25 presos políticos permanecían allí. El registro actualizado de presos políticos realizado por Foro Penal situó el total en 404, de los cuales 39 tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Entre los detenidos, 369 son hombres y 35 son mujeres. Del total, 225 figuran como civiles, incluido un adolescente, mientras que 179 son militares.

Además, entre otros datos, 67 personas recibieron condenas y 237 esperaban una sentencia. Desde 2014, la ONG documentó 19.102 detenciones por motivos políticos en el país. La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo un tema de gran preocupación, y la falta de transparencia y la arbitrariedad en los traslados solo aumentan la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares y los propios detenidos.

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