Martín Gill, ex intendente de Villa María, vuelve a ser remitido a juicio por presunta violencia de género

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, bajo la dirección de Juliana Companys, volvió a elevar a juicio la causa contra el ex intendente Martín Rodrigo Gill por supuestas lesiones leves calificadas por vínculo y por mediar violencia de género. La medida se dio a conocer este lunes y se inscribe en una serie de decisiones judiciales que han ido y venido desde la denuncia presentada por su expareja, María Rosa de Lourdes Astudillo.

Denuncia y hechos que se investigan

La denuncia se presentó el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial de Villa María. Según la acusación, se investigan dos presuntos episodios de agresión física ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill todavía ejercía como intendente de la ciudad. La mujer también describió un panorama de violencia psicológica, control y episodios previos que, según ella, iniciaron su relación en febrero de 2022.

Los antecedentes judiciales

Companys ya había pedido la elevación a juicio en marzo de 2024. En noviembre de ese año, la jueza de Control María Soledad Dottori confirmó la decisión y rechazó los recursos de nulidad presentados por la defensa, encabezada por el abogado Eduardo “Tati” Rodríguez. Sin embargo, el 28 de mayo de 2025 la Cámara de Apelaciones de Río Tercero anuló la elevación a juicio, aceptando un recurso de la defensa que cuestionó la validez de una testigo y de una prueba ofrecida por los fiscales.

Tras esa anulación, la causa regresó a la Fiscalía de Instrucción para que se reabriera la investigación. En octubre, la fiscalía volvió a disponer la elevación a juicio, reactivando el proceso que deberá avanzar nuevamente en la instancia correspondiente.

Impacto político y institucional

Gill, quien fuera intendente de Villa María, ministro provincial de Cooperativas y Mutuales, funcionario nacional y rector de la Universidad Nacional de Villa María, solicitó una licencia sin goce de sueldo como ministro provincial en septiembre de 2024 y renunció definitivamente en noviembre de ese mismo año. En sus declaraciones, explicó que la medida buscaba enfrentar el proceso judicial sin ampararse en fueros ni privilegios.

El caso ha reavivado el debate en la provincia sobre la necesidad de protocolos claros para abordar la violencia de género cuando los presuntos agresores ocupan cargos públicos. Organizaciones locales de derechos de la mujer han pedido que se garantice la independencia de la investigación y que se eviten presiones políticas que puedan entorpecer el avance de la causa.

Próximos pasos del proceso

La elevación a juicio no implica una condena; simplemente habilita que el expediente continúe hacia una fase en la que se valorarán las pruebas y se decidirá sobre la acusación. La defensa de Gill ha reiterado su inocencia y ha señalado que la acusación carece de fundamentos sólidos.

El juzgado de Control de Villa María deberá fijar una fecha para la audiencia preliminar, donde ambas partes presentarán sus argumentos y la defensa podrá solicitar la exclusión de pruebas que considere ilegítimas. Mientras tanto, la comunidad de Villa María sigue atenta a los movimientos judiciales, conscientes de que el desenlace podría sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político.

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