Movilización en Córdoba exige la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

El Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad anunció una marcha nacional para este miércoles 9 de septiembre, con punto de encuentro a las 12 hs en la Plaza San Martín de Córdoba. La concentración coincide con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatirá la prórroga del proyecto de ley 27.793, la Emergencia en Discapacidad.

Objetivo de la convocatoria

La iniciativa reúne a personas con discapacidad, familiares, profesionales y organizaciones del sector, con la intención de presionar a los legisladores para que asistan al recinto, den quórum y respalden la continuidad de la norma. El colectivo también hizo un llamado a los diputados que se abstuvieron en la votación anterior para que esta vez acompañen el proyecto.

La voz de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión

Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a Hoy Día Córdoba que la movilización busca “insistir, instar, presionar, exigir a los diputados que bajen a dar quórum y cumplan con sus obligaciones”. Subrayó que el reclamo se dirige a todos los legisladores, sin importar su postura, y añadió que “los que no apoyan la ley también deben tener la dignidad de discutirla”.

Giussani recordó que la Ley 27.793 funciona como herramienta para presentar reclamos administrativos y judiciales vinculados al acceso a derechos y prestaciones. Aunque la norma no se ha implementado de forma integral, mantenerla vigente permite interponer amparos y otras acciones legales. La urgencia radica en que la ley se extinguirá en diciembre de 2026; sin ella, muchos recursos judiciales quedarían sin sustento.

Pensiones no contributivas y su rezago

Uno de los puntos críticos señalados por Giussani es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad. Según datos presentados por el exjefe de Gabinete, Adorni, se dieron de baja más de 100 000 pensiones y se registraron apenas 3 000 altas, dejando a cientos de miles de personas sin respuesta. Además, el monto de la prestación equivale al 70 % de la jubilación mínima, lo que la hace insuficiente para cubrir necesidades básicas.

La Ley de Emergencia contemplaba una compensación para los prestadores del sistema de discapacidad por las pérdidas de 2024, pero esa medida nunca se materializó. Giussani denunció que, aunque se han otorgado aumentos “por goteo”, la compensación prevista sigue pendiente y puede seguir exigiéndose gracias a la prórroga.

Retrasos en estudios y medicamentos

El colectivo también denunció demoras en los trámites de PAMI e Incluir Salud. Estudios que deberían completarse en tres meses se alargan a un año y medio, y la entrega de medicamentos se vuelve un proceso de meses. Estas tardanzas obligan a muchas familias a recurrir a la justicia mediante amparos, cuya carga ha cuadruplicado en los últimos dos años, alargando los plazos de resolución de seis a ocho días a seis meses.

Impacto del empleo y la recaudación

Giussani vinculó la falta de recursos del sistema a la caída del empleo formal y a la disminución de los salarios, ya que gran parte del financiamiento proviene de los aportes de los trabajadores activos. La contracción del mercado laboral reduce la recaudación y, con ella, la capacidad de sostener las prestaciones para las personas con discapacidad.

El Colectivo Federal hizo un llamado a la ciudadanía para que acompañe la marcha, comparta videos y adhesiones en Instagram @emergenciadiscapacidadfederal y haga presión en redes y en la calle. “Necesitamos que la presión sea federal y multitudinaria; sin ella nada se mueve a favor de la gente”, concluyó Giussani.

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