Las operaciones de rescate de los mineros sepultados en Coahuila, México, cesaron tras un acuerdo entre los familiares y el gobierno.
Familiares de los mineros atrapados en el norte de México aceptaron el cese de las operaciones de rescate de los cuerpos.
La decisión sobrevino después de que el gobierno anunciara que el rescate podría durar cerca de un año.
La última luz de esperanza de encontrar con vida a los 10 mineros sepultados en el norte de México se apagó.
En el plan que presentaron las autoridades contempla lapsos de rescate que pueden extenderse entre 6 y 11 meses.
Conocida la decisión, circuló la noticia sobre la aceptación de un acuerdo entre el gobierno y las esposas de los mineros.
Según trascendió, la mayoría de los familiares recibirán una indemnización y en el lugar se construirá un altar de oración.
Sin embargo, al menos una de las esposas manifestó su rechazo a la propuesta y reclama el rescate de los cuerpos.
En el plan de Protección Civil, el rescate contempla una perforación en un lugar distinto en donde no exista riesgo de inundación.
Para estas horas, las posibilidades de vida son nulas por lo que los familiares empezaron a realizar el duelo.
Mientras los cuerpos permanecen bajo tierra, la impunidad continúa. Si bien es cierto que las autoridades nacionales asumieron los costos de lo sucedido, la empresa se desligó de cualquier responsabilidad.
El trabajo minero ilegal es la causante de miles de muertes en México bajo la complicidad de los gobiernos que hacen la vista gorda. Antes de lo sucedido en la mina El Pinabete, la explosión en una perforación clandestina terminó con la vida de 65 trabajadores en la mina de carbón Pasta de Conchos. El hecho ocurrió en 2006 y en esa ocasión se rescataron solamente 2 cuerpos.
Ocurrida una nueva tragedia, falta esperar algún cambio en el trabajo minero de México y la regulación de la actividad por parte del Estado.
