La justicia de Brasil ordenó una serie de allanamientos contra empresarios vinculados al intento de golpe de estado.
Un total de 25 propiedades fueron allanadas por la causa del fallido golpe de estado ocurrido en Brasil.
Los inmuebles pertenecen a empresarios acusados de financiar el presunto derrocamiento de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal de Brasil coordinó un operativo de allanamiento solicitado por la justicia.
Dicho procedimiento se llevó a cabo este jueves pasado en los estados de San Pablo, Mato Grosso do Sul y Paraná.
Aunque las identidades de los empresarios allanados no fueron reveladas, salieron a la luz algunos datos importantes.
De acuerdo al informe policial, el valor de las pertenencias incautadas asciende a 40 millones de reales (8 millones de dólares).
Los resultados de la investigación también revelaron la existencia de personas con doble identidad. Entre ellos se encuentra un productor rural vinculado a hechos criminales.
Según la prensa carioca, la lista de empresarios investigados por la causa incluye a Geraldo Killer, Marcos Ponte y Adoilto Fernandes Corone.
Gerardo Killer es un productor agropecuario que apoyó económicamente la campaña de Bolsonaro por la reelección.
Adoilto Fernandes Corone es un empresario que financió las protestas por la Fiscalía General de la República. En el inmueble allanado de su propiedad se encontraron armas y municiones.
Mientras que Marcos Pontes es un senador que se desempeñó como ministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Bolsonaro.
Hasta el momento, la causa por el acto golpista ocurrido el 8 de enero pasado en Brasil arrojó algunos resultados.
De las 2.215 personas detenidas, alrededor de 300 continúan en prisión. El resto de los acusados permanece en libertad pero continúan vinculados a la causa.
Un detalle que no es menor es la inclusión de Jair Bolsonaro en las investigaciones ordenadas por la Corte Suprema.
El objetivo es determinar el grado de participación del expresidente en los actos golpistas del país.
