La aprobación de una nueva ley de usurpaciones en Chile abrió el debate sobre el uso desmedido de la legítima defensa.
Tanto la Cámara de Senadores como de Diputados de Chile aprobó por mayoría el proyecto que penaliza las ocupaciones ilegales.
Pese a la abrumadora aceptación, el gobierno de Gabriel Boric anticipó que no acompañará la medida.
El punto de controversia se concentra en el apartado que habilita a los dueños de terrenos a remover a los usurpadores.
De prosperar la medida, los propietarios podrán echar a los ocupantes ilegales por las buenas o por las malas.
Aunque el mismo gobierno reconoce la necesidad de un marco regulatorio sobre el tema, las dudas son inevitables.
Para los detractores, la ley abre una puerta de barbarie y retrocesos que la democracia no puede permitir.
Algunos opinan que la deuda que Chile tiene con el pueblo mapuche no puede saldarse con sangre.
Porque una de las definiciones que falta incluir en la ley es la que establece los tipos de usurpación.
Aunque los defensores de la medida aseguran que la normativa resuelve el problema de las ocupaciones, la realidad demuestra la contarrio.
Según el cristal con el que se mire, la ley debería apoyar a los mapuches, los legítimos dueños de las tierras.
Castigar a los pobres con todo el rigor de la justicia y beneficiar a los terratenientes es la duda que el gobierno plantea.
Para lograr una propuesta superadora, el camino del veto parece, por el momento, la mejor alternativa.
