El Lago Escondido, en plena provincia de Río Negro, se transformó en un reflejo de otras épocas oscuras del país, cuando un grupo de manifestantes fue interceptado por lo que sólo podría llegar a describirse como una patota de civiles armados.
Cabe destacar que la zona del lago atraviesa un largo conflicto (al igual que muchas otras zonas del país) por la privatización a la fuerza de terrenos que, de acuerdo a la Justicia, son de uso público, más aún al tratarse de un lago.
La sexta edición de la Marcha al Lago Escondido pudo haberse tornado trágica, a raíz de la aparición de entre 40 y 50 personas (según los reportes) armadas que amenazaron a los manifestantes y los obligaron a retirarse.
Cabe destacar que tanto el lago como las zonas aledañas son propiedad -o por lo menos eso aparentan ser- del empresario británico Joe Lewis. De acuerdo a lo informado por varios de los manifestantes, estos civiles armados formarían parte de la guardia personal del terrateniente.
En tanto, ciertos medios hegemónicos aprovecharon la situación para hacer política, tildando a los manifestantes de militantes y haciendo pasar la situación como «incidentes» con «lugareños», o incluso perfilando a los organizadores de la marcha, todo con una rigurosidad periodística que brilla por su ausencia.
Por su parte, el Gobierno Nacional intercedió en los hechos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó sobre la situación y solicitó al Gobierno Provincial que garantice la seguridad y libre circulación por la zona.
