La Cámara de Diputados avanza con el Súper RIGI y la ley de lobby empresario
El gobierno de Javier Milei busca impulsar la inversión y la transparencia con estas iniciativas.
La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles en comisiones dos proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei y que son considerados clave en Casa Rosada. Se trata de la iniciativa para instituir el denominado «Súper RIGI» que busca ampliar a nuevos sectores productivos el ya vigente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del proyecto para institucionalizar por ley el lobby empresario.
El proyecto de ley de lobby empresario
La denominada ley de lobby impulsada por la Casa Rosada busca darle un marco de transparencia a las gestiones, que hoy se hacen en secreto, de empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores con la intención de promover sus intereses sectoriales e influir así en la toma de decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.
El proyecto busca crear un Registro Público de Gestiones e Intereses que permita inscribir lobistas, al mismo tiempo que el sistema exige declaraciones juradas en relación a los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones. Los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la misma, y una síntesis de los asuntos abordados.
El Súper RIGI
En cuanto al «Súper RIGI», se trata de un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias. Se prevé que esta iniciativa sea aprobada sin mayores obstáculos teniendo en cuenta la existencia del RIGI original contenido en la Ley Bases que logró los consensos suficientes en 2024.
El proyecto busca captar inversiones de gran escala en sectores vinculados a minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros.
Según se indicó en la iniciativa, los beneficiarios del esquema deberán realizar inversiones mínimas de mil millones de dólares a cambio de un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, con beneficios como una reducción al 15% del impuesto a las Ganancias y una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), junto a certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
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