Los hijos de Ortega y Murillo protagonizan el último tramo de la reforma constitucional en Nicaragua

Este jueves 27 de agosto se cerró la etapa de consultas que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado para intentar validar una serie de reformas constitucionales anunciadas el 19 de julio. La última reunión reunió a la Juventud Sandinista y, según el cronograma de la copresidenta, el 1 de septiembre se harán públicas las conclusiones y el proyecto pasará a la Asamblea Nacional, donde la mayoría sandinista lo aprobará en primera lectura.

Avance de las consultas y participación oficial

Hasta el 22 de agosto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, había registrado 92.832 participantes provenientes de 25 sectores distintos, entre presencia física y conexiones virtuales. La meta anunciada era alcanzar los 30 encuentros previstos. Entre los asistentes se encontraban militares, policías, funcionarios, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, docentes, comunicadores, artistas, médicos y representantes de iglesias, entre otros.

¿Qué se escuchó dentro de las salas?

Las crónicas oficiales describen un respaldo unánime: palabras como «confianza», «esperanza» y «apoyo» abundan en los informes. No se registró ninguna objeción pública que obligara a modificar sustancialmente el proyecto. Eso tiene que ver con la propia naturaleza de los encuentros; Porras dejó claro desde la primera reunión con la diplomacia que el objetivo era meramente informativo, sin votaciones, encuestas ni mecanismos para registrar posiciones a favor o en contra.

La familia Ortega Murillo en el centro del proceso

Una de las particularidades más llamativas es la presencia de los propios hijos de los copresidentes, quienes intervinieron en distintos sectores. Daniel Edmundo Ortega Murillo, a cargo del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, lideró la consulta de comunicadores el 4 de agosto, proclamando su «firme y total respaldo» al proyecto y acusando a los críticos de promover «terrorismo mediático» y «golpismo».

Una semana después, Camila Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, tomó la palabra ante representantes de mipymes y la economía creativa, declarando que la reforma era «para el bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua» y que, como hijos que aman la patria, tenían la responsabilidad histórica de garantizar la justicia y la paz.

Laur​eano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, estuvo presente en consultas con empresarios e incluso con el sector minero, asegurando que las reformas ofrecerían «más seguridad y estabilidad» a la inversión privada. Por su parte, Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte, participó en la sesión con deportistas, subrayando que los cambios fortalecerían la soberanía y la autodeterminación sin «pistolas en la cabeza».

Rafael Ortega Murillo asistió a la reunión de comunicadores, aunque su intervención no quedó registrada en las transcripciones oficiales. Los demás hijos – Juan Carlos, Carlos Enrique y Luciana – no han aparecido públicamente en el proceso.

Voces disidentes bajo la sombra del temor

A pesar del tono homogéneo de los informes oficiales, algunas fuentes anónimas entrevistadas por la plataforma Confidencial describieron las sesiones como meras presentaciones informativas, sin espacio real para el debate. «Nadie dijo nada porque todos sabemos que es muy peligroso expresar inconformidades en voz alta», confesó un empresario. Otro admitió temer represalias económicas si se mostraba crítico, mientras que una tercera fuente señaló que los argumentos del gobierno eran fácilmente desmontables, pero nadie se atrevía a confrontarlos.

El único cuestionamiento público surgió del embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, quien preguntó durante la primera sesión si las futuras elecciones contarían con observación electoral independiente. Porras respondió que sólo habría «acompañantes» electorales, sin organismos externos.

Orígenes y alcance de la reforma

Las consultas se remontan al discurso de Ortega del 19 de julio, cuando, en el aniversario de la revolución sandinista, anunció que impediría que supuestos «golpistas» vuelvan al poder mediante elecciones. Días después, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de los análisis constitucionales, presentando un proyecto que plantea periodos de siete años para cargos electivos, la constitucionalización de la exclusión de opositores calificados como «traidores» y la fijación de la toma de posesión de la copresidencia al 18 de enero.

Porras intentó matizar la frase de Ortega, asegurando que no se pretendía eliminar las elecciones, sino evitar que los llamados «golpistas» puedan volver a ocupar cargos. Sin embargo, la combinación de consultas controladas, la presencia de la familia gobernante y la ausencia de críticas públicas alimenta la sospecha de que el proceso busca más bien consolidar el poder del Frente Sandinista bajo un marco legal que limite la competencia.

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