Prestadores de servicios para personas con discapacidad exigen al Estado el pago de deudas pendientes
Abogada Marta Lastra impulsa un relevamiento nacional para que la Justicia conozca la situación de los prestadores de atención a la discapacidad.
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba confirmó el 23 de junio de 2026 la sentencia que ordena a PAMI e Incluir Salud regularizar los pagos adeudados a los prestadores que atienden a titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad. Ante la falta de cumplimiento, la abogada Marta Lastra lanzó una convocatoria urgente para que profesionales, clínicas, centros terapéuticos, transportistas y farmacias del país informen los montos que les adeudan los organismos.
Convocatoria para mapear la deuda
La iniciativa busca recopilar la documentación que demuestre los importes impagos y elaborar una auditoría técnica que pueda contrastarse con los informes del Ministerio de Salud, los cuales aseguran que los fondos del sector están regularizados. El objetivo es convertir esa información en evidencia judicial y presionar a las entidades a cumplir lo dictado por la justicia.
El fallo y su alcance nacional
El amparo colectivo presentado por Lastra se convirtió en una medida cautelar de urgencia el 18 de mayo de 2026, cuando el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó el restablecimiento inmediato de los pagos. La sentencia definitiva, emitida el 23 de junio, reconoce la existencia de atrasos de hasta cinco meses y extiende su cobertura a todos los beneficiarios de pensiones no contributivas que posean Certificado Único de Discapacidad en todo el territorio nacional, así como a los profesionales que garantizan sus tratamientos.
Consecuencias para los usuarios y los prestadores
Las demoras en el abono de honorarios no solo afectan la economía de los prestadores, que deben afrontar impuestos y cargas sociales con intereses, sino que ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos. Según Lastra, se registran suspensiones de cirugías, demoras en la autorización de cambios de botón gástrico y dificultades para acceder a medicamentos oncológicos. “No se puede sostener el servicio con el aire”, advirtió la letrada.
Además, la abogada señaló que los valores del nomenclador siguen por debajo de los aranceles establecidos por los colegios profesionales, lo que agrava la situación financiera de los prestadores y reduce la calidad de la atención.
Denuncia penal y reclamos a la Superintendencia
Paralelamente al amparo colectivo, se interpuso una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación. La información recabada en el relevamiento será incorporada a esa causa, con el objetivo de evidenciar dilaciones y respuestas evasivas por parte de los organismos encargados del financiamiento.
Lastra también pidió que la Superintendencia de Servicios de Salud no se sume a los incumplimientos de PAMI e Incluir Salud, subrayando que la combinación de discapacidad y pobreza constituye la peor forma de vulnerabilidad social.
Qué se espera del relevamiento
El relevamiento pretende presentar a la justicia una visión clara de la magnitud de la deuda: no se trata solo de listar números, sino de mostrar la situación real de cada prestador en los distintos sectores de la Argentina. Con esos datos, la defensa espera que el Estado cumpla con lo ordenado y garantice la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.
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