Universidades y Gobierno retoman la negociación paritaria por la Ley de Financiamiento Educativo
Las universidades vuelven a la mesa de diálogo con el Estado para exigir la aplicación de la Ley 27.795.
Este martes, a las 11:00, el Palacio Pizzurno se convirtió en el escenario donde se reabrió la negociación paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. A la mesa se sumaron los representantes de Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aglutina a los rectores de más de sesenta casas de estudio de todo el país.
El reclamo central de los docentes
Los delegados gremiales, acompañados por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, exigieron la recomposición salarial que dicta la Ley de Financiamiento Educativo (N° 27.795). La norma, que lleva 315 días sin ser aplicada, obliga a actualizar los sueldos según el índice oficial de inflación y a pagar un retroactivo desde su promulgación en diciembre de 2023. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA y representante de Fedun, recordó que la ley señala una reposición del 30 % de los salarios y advirtió que el Gobierno ya no tiene margen para eludir la cautelar judicial.
Conadu y el paro nacional de 48 horas
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó de “muy contundente” el paro nacional de 48 horas que su federación organizó el jueves y viernes pasados. Chevalier mostró escepticismo respecto a los resultados de la reunión, subrayando que si el Gobierno no salda la deuda universitaria antes del 1 de septiembre, el conflicto podría agudizarse. La legisladora recordó que la Corte Suprema confirmó la validez de la Ley 27.795 el 25 de junio, rechazando el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
El CIN presiona a la justicia
El Consejo Interuniversitario Nacional, a través de su abogado Pablo Manili, solicitó al magistrado Martín Cormick que imponga multas diarias a los funcionarios que incumplen la norma, desde el subsecretario Álvarez hasta el presidente Javier Milei. Manili explicó que la estrategia judicial busca que, sin necesidad de una orden directa contra el presidente, el Gobierno se vea obligado a cumplir la medida bajo presión de sanciones económicas y penales por desobediencia.
Impacto en la comunidad universitaria
Más de dos millones de estudiantes, 266 000 docentes y 65 000 empleados no docentes esperan la decisión del Ministerio con la esperanza de que se ponga fin a un escenario de incumplimiento que, según ellos, resulta insólito en la historia reciente del país. La expectativa se centra en que la negociación logre un acuerdo que garantice la actualización salarial y la restitución de becas, evitando una nueva escalada de movilizaciones que podría paralizar las aulas y los laboratorios.
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