China amplía su brazo legal más allá de sus fronteras

Una nueva ola de normas extraterritoriales que desafía a Washington y a los mercados globales

En abril de 2024 el gobierno de Pekín ordenó a Meta, la empresa propietaria de Facebook, que cancelara un acuerdo de 2.000 millones de dólares para comprar la startup singapurense de inteligencia artificial Manus. La medida, que obligó también a los fundadores chinos de Manus a permanecer en territorio nacional, marcó la primera vez que una directiva china obligó a una compañía extranjera a deshacer una operación comercial por motivos de seguridad nacional.

El caso se inscribe dentro de una larga tradición de quejas del Partido Comunista sobre intervenciones extranjeras. En el siglo XIX eran las potencias coloniales las que se negaban a someterse a la legislación china en los puertos bajo su control; en el siglo XXI la queña de Estados Unidos, con sanciones y controles de exportación, ha sido el blanco de la irritación china. Ahora, sin embargo, China está jugando al mismo juego, creando una guerra jurídica que busca proteger su modelo de desarrollo y su seguridad interna.

Del control de la IA a la prohibición de viajes: la agenda legal de Pekín

La orden a Meta no fue un hecho aislado. En septiembre del mismo año entrarán en vigor normas que ampliarán la potestad del Estado para prohibir la entrada y salida de particulares considerados una amenaza. Simultáneamente, el Congreso Nacional está trabajando en una serie de leyes que obligarán a cualquier empresa que utilice componentes chinos a respetar la normativa de exportación de China, aunque la operación se realice en otro país.

Estas disposiciones recuerdan la “norma de producto directo extranjero” que Washington aplicó para limitar el suministro de chips holandeses a China. La diferencia está en la intención: mientras EE.UU. busca contener el desarrollo tecnológico chino, Pekín pretende castigar a quienes acojan sanciones estadounidenses, usando la propia “ley de bloqueo” de la Unión Europea como modelo.

El legado de Xi y la respuesta a los arrestos de Meng Wanzhou

El giro radical se remonta a 2018, cuando Xi Jinping incitó a los funcionarios del partido a “empuñar las armas legales” propias de una gran potencia. Ese mismo año el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, a petición de EE.UU., expuso la vulnerabilidad de las empresas chinas ante la presión occidental. La reacción de Pekín fue inmediata: dos ciudadanos canadienses fueron detenidos bajo cargos falsos y mantenidos como rehenes durante casi tres años.

Desde 2021, la legislación china incluye cláusulas extraterritoriales que obligan a las compañías a no acatar sanciones extranjeras. A finales de 2024 se publicaron regulaciones que permiten a funcionarios de Beijing investigar a clientes de empresas extranjeras que utilicen insumos chinos, y que incluso habilitan demandas contra bancos como JPMorgan Chase y Citigroup por congelar activos bajo presión del Tesoro estadounidense.

El dilema de las multinacionales: entre Londres y Chongqing

El choque de jurisdicciones quedó patente en la disputa entre Samsung y ZTE. Un tribunal de Londres dictó que Samsung debía pagar 392 millones de dólares a la firma china, mientras que el tribunal de Chongqing estimó la deuda casi al doble. La empresa surcoreana se encuentra ahora ante la disyuntiva de obedecer a una corte y arriesgar sanciones en la otra, una situación que pone en jaque a cualquier compañía con presencia significativa en el mercado chino.

Para expertos como Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, el “brazo largo” de China se basa en la presión directa y en la capacidad de castigar a quienes desafíen sus normas, enviando un mensaje claro de determinación a los gobiernos y a los mercados internacionales.

Control de la disidencia y expansión de la normativa de seguridad

En julio de 2024 entró en vigor una ley de “promoción de la unidad étnica” que penaliza cualquier acto en el exterior que, según Pekín, socave la unidad nacional. Un proyecto de ciberdelincuencia en trámite pretende tipificar como delito la transmisión de información que dañe los “intereses públicos” de China, mientras otra propuesta legal otorga al Estado la facultad de recopilar pruebas de corrupción contra entidades chinas en el extranjero.

Estas normas no solo persiguen a empresas; también se usan para secuestrar a críticos del régimen y para operar comisarías clandestinas que vigilan a la diáspora china. Según Yalkun Uluyol de Human Rights Watch, la codificación de estas reglas refuerza la burocracia del partido y convierte al aparato estatal en un instrumento de represalia contra sanciones externas.

Perspectivas de futuro

El impulso legislativo muestra que China ya no se ve como víctima de la historia, sino como su propio artífice. El objetivo es crear un entorno externo que se ajuste a los intereses del Partido, utilizando la ley como extensión del poder político. Para las empresas que operan en el país, la nueva realidad implica navegar entre dos sistemas judiciales que cada vez compiten por ejercer autoridad sobre la misma transacción.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo